Responsabilidad civil de los árbitros: nuevo enfoque de los criterios de imputación

El proyecto de investigación consistirá en un análisis de la responsabilidad civil de los árbitros en el Perú con especial énfasis en los criterios de imputación de la responsabilidad civil de los árbitros regulados en el artículo 32 del Decreto Legislativo que norma el arbitraje, Decreto Legislativo N° 1071. Para tal efecto, identificaremos qué criterios de imputación emplea el legislador peruano hacia el árbitro que incurre en responsabilidad civil al momento de resolver un conflicto de intereses y si estos criterios son idóneos para que las partes del proceso arbitral puedan alcanzar seguridad jurídica respecto a que la controversia sometida a arbitraje no deviene en un actuar ilícito o contrario a derecho por parte de los árbitros. Analizaremos qué supuestos pueden configurarse a fin de que el árbitro responda civilmente en el ejercicio del arbitraje, desarrollando doctrina, jurisprudencia y legislación comparada a fin de aterrizar en el caso peruano.

En sede nacional se han presentado múltiples casos de denuncias sobre laudos arbitrales emitidos a favor de personas jurídicas con mayor peso económico, lo cual ha generado un impacto negativo sobre la alternativa del arbitraje como medio de solución de conflictos e incluso si existe un convenio arbitral las partes no cuentan con seguridad jurídica sobre si el laudo será emitido conforme a una actuación regular de los árbitros, ello independientemente de la posición e interpretación que tengan los árbitros sobre el caso sometido a arbitraje.

En ese sentido, el artículo 32 del Decreto Legislativo que norma el arbitraje, Decreto Legislativo N° 1071 se nos presenta como una respuesta inmediata frente a una actuación irregular que genere daños y perjuicios incurrida por los árbitros o la institución arbitral; sin embargo, este dispositivo legal establece que los árbitros solo responden por dolo o culpa inexcusable; criterios de imputación que aisladamente aplicados pueden suponer que los árbitros se encuentran protegidos ante cualquier demanda indemnizatoria que formulen las partes, pues solo pueden responder en escenarios de gravedad, no estableciéndose tampoco criterios legislativos sobre cómo interpretarlos. Siendo así, existe una problemática vinculada a los criterios de imputación (dolo o culpa inexcusable) de la normativa vigente en los que pueden responder los árbitros, sumado que tampoco existen criterios o lineamientos que nos permitan identificar cuándo se pueden configurar estos criterios y si los mismos deben o no necesariamente estar vinculados a que un laudo arbitral sea anulado.