El fraude informático en el debate público. Perspectivas de la víctima, la autoridad y la prensa

El manejo de la información por medios automatizados es como una moneda de dos caras. De un lado, constituye un logro de las ciberculturas, las tecnologías de la información y la comunicación. Del otro, puede devenir delito informático o criminalidad por computadora, agravado en el Perú durante la pandemia del covid-19. En este contexto, se analizan las consecuencias sociales del fraude informático desde la perspectiva de los actores involucrados: víctimas, instituciones y bancos, y la prensa nacional, desde su rol de vigilancia ciudadana. Con base en una metodología mixta, compuesta de una encuesta, de entrevistas a profundidad, del análisis de redes sociales y de la cobertura periodística, el estudio aborda fraudes que implican usurpación de identidad a través de la web y las aplicaciones o soluciones tecnológicas bancarias, a fin de formular medidas que contribuyan a mejorar las políticas públicas de prevención de ciberdelitos.

Los fraudes informáticos y la suplantación de identidad son los ciberdelitos que más se han incrementado en el país a partir de la Covid-19. Sin considerar el subregistro de casos (no reportados), según las denuncias del Ministerio Público (2021) y las estadísticas de División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2020) hay un peligroso y atípico crecimiento de estas formas de criminalidad, a través metodologías de ciberdelito, aparentemente difíciles de controlar, apoyadas en el desconocimiento del cliente sobre los canales digitales, las leyes informáticas y los pocos controles de seguridad aplicados por las entidades bancarias. De allí que se considera pertinente estudiar desde una perspectiva social y comunicativa, las consecuencias que estos delitos causan en los tenedores de tarjetas, con especial énfasis en los que el impostor usurpa o falsea la identidad de la víctima para disponer ilegalmente de un derecho que no le corresponde (Gabaldón & Pereira, 2008). Las modalidades de fraude informático a observar involucran a usuarios de diversos productos bancarios como tarjetas de crédito, cuentas de ahorro, créditos en efectivo, etc., a través del robo de datos personales, transferencias a cuentas de terceros a través de billeteras electrónicas instaladas en smartphones, el hurto de la información bancaria contenida en las bandas magnéticas o chips de las tarjetas bancarias, entre otras estratagemas ilícitas (Rodríguez-Zárate, 2014). A setiembre del 2022, circulan en el país alrededor de 6’947,898 tarjetas de crédito emitidas por 12 bancos y una financiera (Asbanc, 2022) (la estadística no incluye la data de tarjetas adicionales, de consumo y de empresas que actualizaron sus sistemas o redujeron el número de tarjetas).
Debido a que los estudios sobre los ciberdelitos han puesto particular énfasis en las entidades bancarias y crediticias, los mecanismos de ciberseguridad y su comparación con los estipulados por la ley peruana, se propone estudiar el fraude informático desde el punto de vista de la víctima, abordar su calidad de vida -afectada, debido a los problemas de salud derivados de la situación que debe afrontar en estos casos (Rodríguez-Rodríguez et al, 2020)- y el conocimiento de sus derechos y de las leyes informáticas vigentes. Reconocer las dificultades y consecuencias que afrontan en el proceso, y los vacíos en la posconsumación del fraude desde su experiencia (en entidades bancarias, organismos reguladores y el Poder Judicial). En el ámbito del control y la sanción, documentar las fortalezas y debilidades de la gestión de los reguladores y de las principales entidades involucradas, para identificar los problemas en la detección de transacciones fraudulentas (Mitra & Siddhant, 2022). También analizar la agenda informativa de los medios de comunicación, toda vez que se constituyen -en ocasiones- en la única plataforma disponible para la denuncia a la que pueden acceder las víctimas del delito (Maldonado, 2019). La investigación se propone valorar las coincidencias y diferencias con la agenda pública, ciudadana o de las víctimas, sobre un problema que es crucial en el Perú y en América Latina (Felaban, 2018).