El nuevo tratamiento de la capacidad en el derecho civil peruano. Un necesario análisis transversal de la capacidad en los distintos libros del Código Civil

El Perú cuenta con un nuevo tratamiento de la capacidad en el Código Civil de 1984, que se adecúa a las directrices de las Naciones Unidas en pro de la autonomía y la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad, y que concuerda la legislación nacional con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención viene implementándose de manera gradual en otros sistemas jurídicos (por mencionar algunos: Argentina, Brasil, Colombia, México, etc.). El régimen de sustitución de la voluntad de las personas incapaces ha sido reemplazado por un modelo social o de asistencia mediante los denominados apoyos y salvaguardias. Nos encontramos, naturalmente, ante un modelo inclusivo, democrático per se, acorde al respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos, especialmente en cuanto a su dignidad e igualdad ante la ley, tomando en cuenta que se sustituye el término incapacidad por discapacidad y se mantienen la interdicción y la curatela solo para casos específicos (sujetos con capacidad restringida señalados en los incisos 4 al 9 del artículo 44). Sin embargo, en nuestro medio, tras la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N.° 1384 y su reglamento, el Decreto Supremo N.° 016-2019-MIMP, se advierten varios aspectos inconclusos que, a pesar de la reforma, se mantienen como viejas figuras jurídicas, así como problemas respecto a la interpretación y aplicación de los distintos dispositivos contenidos en las referidas normas sobre el nuevo tratamiento de la capacidad. La capacidad es un tema de interés transversal en el derecho. No solo ocupa u preocupa al derecho civil (personas, familia, acto jurídico, sucesiones, contratos, responsabilidad civil, etc.), sino también al resto de áreas (laboral, societario, administrativo, etc.), debido a su contenido sustantivo y adjetivo. En ese contexto, el presente estudio, a partir del formante doctrinal, legislativo (nacional y comparado) y jurisprudencial, dada la importancia de la capacidad en el derecho en general, busca analizar los diversos alcances de este nuevo tratamiento, identificar problemas y proponer soluciones en relación con la praxis legal. Todo ello con la finalidad de lograr un derecho civil más fuerte y cohesionado, dentro de los principios de la inclusión social y la democracia.