La modificación de los términos contractuales: convencional, judicial o arbitral

El proyecto de investigación iniciará con un análisis del interés de las partes al momento de contratar. Este análisis se efectuará no solo desde un punto de vista jurídico sino también económico y social. Luego de ello, se expondrán las posibles razones por las que el interés de las partes pueda verse mermado o modificado durante la ejecución contractual para finalmente analizar la posibilidad que tienen las partes para renegociar los términos contractuales y ante la falta de acuerdo posterior de renegociación, verificar si el órgano jurisdiccional (judicial o arbitral) puede adecuar el contrato a fin de restaurar el interés de las partes y el equilibrio contractual.

En los contratos de duración, el plazo de ejecución muchas veces puede influir en la posición jurídica y en el interés que tenían los contratantes. Esto no debería ser materia de renegociación de los términos contractuales pues cada contratante adopta una serie de riesgos al momento de contratar. Pero muchas veces los eventos que pueden traer consigo la alteración de los beneficios que la parte había pensado obtener al contratar son eventos fuera de la esfera de control de los intervinientes. Es decir, eventos que están fuera del alea del negocio y/o que no han podido ser razonablemente previsibles por las partes. Estos pueden generar que las prestaciones se conviertan en excesivamente onerosas para las partes y por tanto, el beneficio esperado sea menor o nulo o incluso que la parte contratante pierda con la ejecución del contrato.
El artículo 1440 del Código Civil brinda las siguientes posibilidades: i) reducción o aumento de la contraprestación o ii) resolución del contrato. Este último supuesto va a ser otorgado por el Juez siempre que la contraparte lo solicitara o debido a la naturaleza de la prestación o las circunstancias del caso. El problema con esta regulación es que la contraparte demandada en un proceso por excesiva onerosidad siempre pedirá la resolución del contrato antes de aumentar su contraprestación o de ver reducida la prestación del demandante. Esto genera que los jueces - a pesar del principio de conservación del contrato - deban optar por la resolución del mismo.