Los límites del control jurisdiccional de las cuestiones políticas en América latina

La presente investigación busca indagar sobre los criterios asumidos durante los últimos 10 años por los más altos órganos jurisdiccionales en materia constitucional de América Latina respecto del control jurisdiccional de actos políticos.
Las democracias constitucionales se caracterizan por garantizar un amplio margen de protección de los derechos y mecanismos jurisdiccionales que enfrenten cualquier acto contrario a la Constitución. En este contexto, todo acto de los poderes públicos puede ser objeto de control constitucional. No obstante, desde la teoría se han desarrollado múltiples conceptos que limitan la actuación de la justicia constitucional frente a poderes políticos, a saber: cuestiones políticas no justiciables, interna corporis acta, corrección funcional, entre otros. En esta investigación indagaremos sobre el modo en que estos conceptos han sido utilizados por las altas cortes de América Latina, lo que nos permitirá tener un panorama más claro respecto a los límites del control jurisdiccional de las cuestiones políticas.

Una consecuencia propia del Estado constitucional es la posibilidad de controlar a través de mecanismo jurisdiccionales todos los actos u omisiones del poder público. No obstante, en virtud del principio de separación de poderes, es preciso garantizar la autonomía en el ejercicio de las funciones de los distintos poderes del Estado. Es por ello que, a nivel comparado se han desarrollado múltiples conceptos que limitan la actuación de la justicia constitucional frente a poderes políticos, a saber: cuestiones políticas no justiciables, interna corporis acta, corrección funcional, entre otros.
Sobre la base de esta tendencia, a fines de 2022, un juez dictó una medida cautelar por la cual se paralizó el procedimiento de elección del Defensor del Pueblo a cargo del Congreso de la República. Frente a ello, el Tribunal Constitucional del Perú, a través de la Sentencia 0003-2022-CC/TC, a propósito de una demanda competencial entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, anuló la referida resolución por considerar que constituía una indebida intromisión en las facultades del Poder Legislativo. Con tal pronunciamiento se rompió con el paradigma antes descrito, introduciendo por primera vez en nuestro medio el concepto de cuestiones políticas no justiciables. Ello generó una serie de posturas a favor y en contra acerca de cuál es el límite de lo que se puede o no controlar en el ámbito jurisdiccional constitucional.
La indefinición acerca de los límites de la justicia constitucional respecto del control de los actos políticos puede generar inestabilidad política y debilidad institucional. Es por ello que resulta relevante indagar acerca de la tendencia a nivel regional sobre dicha problemática.
De esta manera, el problema de investigación del presente proyecto gira en torno a plantearnos la siguiente interrogante: ¿cuáles han sido los criterios de los más altos órganos jurisdiccionales de América Latina en los últimos 10 años respecto del control constitucional de actos políticos?
Ahora bien, de manera específica nos planteamos las siguientes interrogantes:
¿Los más altos órganos jurisdiccionales de América Latina en los últimos 10 años han utilizado los criterios de: “cuestiones políticas no justiciables”; interna corporis acta y “corrección funcional” con el fin de limitar el control constitucional de actos políticos?
¿Los más altos órganos jurisdiccionales de América Latina en los últimos 10 años han utilizado criterios adicionales a los de cuestiones políticas no justiciables, interna corporis acta y corrección funcional con el fin de limitar el control constitucional de actos políticos?
¿La tendencia de las altas cortes de América Latina sobre el control constitucional de cuestiones políticas ha terminado por definir un rol de activismo o autocontención de la justicia constitucional en el establecimiento de criterios sobre decisiones políticas en los últimos 10 años?