Medios de comunicación y democracia

Cuando el 7 de diciembre del 2001 el gobierno del presidente Alejandro Toledo remite al Congreso, para su aprobación, el Proyecto de Ley de Modernización y Transparencia de los Servicios de Telecomunicaciones, la opinión pública del país se hallaba profundamente sensibilizada por los alcances y profundidad de la corrupción del régimen fujimorista, expuestos en forma cruda por la difusión de los tristemente célebres “videos de la corrupción”, que mostraron hechos sin precedentes en la historia de nuestra turbulenta política nacional. La ciudadanía, confrontada con el desfile de personajes de la empresa, de la política, de la banca, y también de la prensa escrita y de radiodifusión, filmados con las manos en rumas de billetes, o negociando favores, exigía de las autoridades acciones concretas. El sentimiento nacional era el de retirar, sin más trámite, las autorizaciones y licencias a las empresas de televisión cuyos propietarios y directivos dispusieron de las señales electromagnéticas poniéndolas, por dinero, al servicio del fujimorato, lo cual se agudizó luego de la divulgación del video de Ernesto Schutz, de Panamericana Televisión, el 2 de octubre del 2001.